En primer lugar, Mancheño ha criticado que en la redacción de este proyecto no se hayan tenido en cuenta las apreciaciones y consideraciones del sector cinegético representado en las federaciones y asociaciones cinegéticas. Así, el presidente de la FAC ha señalado la falta de transparencia en la redacción de un proyecto de reglamento que afecta directamente a todos los cazadores, a los que no se ha considerado en ningún momento: “desde el Ministerio se nos informó con anterioridad de que no se estaba realizando este proyecto cuando la realidad era otra; esto supone una importante falta de respecto a todo el sector cinegético”.
Al igual que ya lo haya hecho en algunos medios nacionales el secretario de la Federación Española, Santiago Ballesteros, José María Mancheño se ha referido a la anticonstitucionalidad de algunos aspectos del Real Decreto, como el de la concesión y negación de licencias teniendo en cuenta, por ejemplo, los atestados policiales (que se generan, entre muchos otros motivos, por dar positivo en un control de alcoholemia, lo cual –recuerda el representante federativo- es vulnerar la presunción de inocencia.
El máximo responsable de la FAC ha asegurado además que, como el resto de federaciones españolas, la andaluza utilizará sus servicios jurídicos para estudiar con detenimiento este proyecto y realizar todas aquellas alegaciones encaminadas a “corregir una injusticia de innumerables perjuicios para los cazadores andaluces”. Asimismo, ha confirmado que la FAC estará presente en las posibles movilizaciones que se celebren como protesta contra este proyecto que ya se plantean desde algunos sectores y colectivos cinegéticos del país (como ya ocurriera en 2008) y de cuya repercusión se hacen eco hoy diferentes medios de comunicación de ámbito nacional.
Este nuevo reglamento, cuya redacción ha sido realizada por la Secretaría General Técnica del Ministerio aunque cazadores y asociaciones cinegéticas ven la intervención de Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, supondrá restringir la venta y licencia de rifles del calibre 22 debiendo inscribirse en la Federación de Tiro Olímpico, pasar un examen con la Intervención de Armas de la Guardia Civil y pagar una cuota de aproximadamente 150 euros al año. Además, deberán competir de forma oficial como mínimo una vez al año para poder mantener esta licencia.
Las armas semiautomáticas también sufrirán importantes restricciones ya que se pretenden prohibir los cargadores móviles con capacidad para más de dos tiros pese a que estas armas son las que predominan actualmente entre los cazadores de todo el panorama nacional en detrimento de los cargadores fijos. Además, en el proyecto se recoge esta prohibición con carácter retroactivo, lo que significa que si sale adelante deberán eliminarse todas aquellas armas que no cumplan los requisitos técnicos establecidos por el nuevo Real Decreto.
“Desde la Federación Andaluza de Caza trabajaremos en coordinación con el resto de federaciones y asociaciones afectadas para presentar las alegaciones pertinentes que permitan rectificar un proyecto de reglamento que no sólo va a afectar a los cazadores andaluces, sino que tendrá un efecto fatal sobre la industria y sobre numerosos sectores que subsisten económicamente gracias a la actividad cinegética” señala Mancheño.El presidente de la federación calificó el proyecto de “injusto” y criticó la falta de consideración hacia el sector cinegético
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